Este caso es el colmo de mala intención. Y es que cientos de miles de familias colombianas se vieron perjudicadas por esta trampa que ejecutaron las empresas fabricantes y comercializadoras de cuadernos escolares. Este grupo de empresas, conocidas ahora como «el cartel de los cuadernos», acordaron entre ellas una estrategia fraudulenta para hacerse con el control de los precios y volúmenes de ventas del rubro. Así, eliminaron casi por completo la sana competencia y el derecho de participación en el mercado a otros comercios.
www.zonacero.comEl cartel de los cuadernos y el montaje de los precios
En un vergonzoso escándalo, la Superintendencia de Industria y Comercio descubrió esta pauta entre las empresas Kimberly, Carvajal y Scribe. Estas compañías buscaban inflar los costos de los cuadernos en un acuerdo que ninguna autoridad aprobó y mucho menos aprobaría viendo la finalidad de elevar los precios entre ellos mismos para que no se pudiera interpretar como una medida arbitraria unilateral.
La sanción
Las empresas fueron multadas después de que la investigación, que llevó más de un año, arrojara los resultados bochornosos y evidentes de corrupción, asociación para delinquir comercialmente y perjuicios para los estudiantes a nivel nacional.
El monto asciende a más de 58 mil millones de pesos que deberán pagar entre todas las organizaciones involucradas y parte de su personal, después de que la corte evaluara las diferentes pruebas presentadas. En dichas pruebas, se observan comunicaciones entre ejecutivos de cada una de las empresas, en las que se ponen de acuerdo en los precios para la fijación de estándares en todo el rubro. A pesar de que la empresa Kimberly colaboró con las autoridades para esclarecer el asunto, también deberá pagar la sanción.
El monto de la multa será distribuido
Kimberly pagará 29.645 millones de pesos, Carvajal Educación se hará responsable por 14.823 millones de pesos, mientras que Scribe tendrá que pagar un total de 11.720 millones de pesos. El restante de la multa, cuantificada en 2.812 millones de pesos colombianos, son imputables a 24 ejecutivos que fungen como directores y que son responsables de haber hecho los convenios, quienes además pueden enfrentar otros cargos aparte de los administrativos.