El sentimiento de protección animal en Colombia ha evolucionado a pasos agigantados. La nueva generación ha resaltado, sobre todo desde las redes sociales, su constante rechazo a cualquier práctica que involucre el sufrimiento animal. Por esto no es extraño que el Congreso de la República, de manera tajante, haya decidido una ley que toma a los animales como seres protegidos por el derecho penal.
http://perrocontento.comHablamos de la Ley 1774 de 2016, que en su artículo primero resume, de manera precisa, el espíritu de la norma, exponiendo que “los animales como seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor (…)” como una introducción hacia una de las primeras legislaciones que reglamenta “derechos” ajenos a los del hombre y reconoce la potestad de “ser que siente” a lo que la legislación civil, anteriormente, definía solamente como cosas.
Unas de las principales características es la exposición del Bienestar Animal como desarrollo de derechos adquiridos por el animal a través de su dueño, en donde se garantiza: que no sufra hambre ni sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.
Como toda norma penal, la Solidaridad social se hace referente, en la medida en que “El Estado, la sociedad y sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales (…)”. La ley proclama una multa de cinco a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes a todo aquél que con “actos dañinos y de crueldad” dañe al animal sin causarle la muerte.
Para los que cometan delitos contra la vida, la integridad física y emocional, habrá sanciones mucho más fuertes, con agravantes, que contemplan entre 12 a 36 meses de prisión, como una inhabilidad de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con animales, más una multa de 5 a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.