No le pueden negar un crédito para vivienda social por “mal hábito de pago”

No le pueden negar un crédito para vivienda social por "mal hábito de pago"
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En una nueva tutela para la protección al derecho de una vivienda digna, la Corte Constitucional se pronunció sobre un caso de una mujer llamada Luz Omaira Gaitán Parrado, que solicito un crédito que iba destinado a la contribución para la construcción de su vivienda y como fuente de financiación de un Proyecto, pero la Cooperativa CONFIAR le negó el crédito por mal hábito de pago.

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La Corte Constitucional ratificó que la Cooperativa esta cometiendo un bloqueo financiero que no se encuentra justificado, porque la respuesta “mal hábito de pago” es indeterminada y abierta, por lo que no le permite a la señora Luz Gaitán tomar las medidas correctivas. Adicionalmente el Alto Tribunal aseveró que al no especificar los hechos u obligaciones a que hace referencia, la señora no puede controvertir las decisiones de los Bancos.

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Los hechos que motivaron a la decisión de la Corte Constitucional, fueron que la señora Luz Omaira Gaitán Parrado radicó una solicitud al programa de vivienda de interés prioritario VIP denominado “Betty Camacho de Rangel y Ernesto Jara Castro”, dentro del cual hace parte el proyecto “Madrid y Trece de Mayo”. Corolario de lo anterior, a la señora Gaitán Parrado la seleccionaron como beneficiaria de una VIP, con la condición que debía aportar 6 millones de pesos que iban destinados a una contribución de la construcción de la vivienda, además de ser catalogada como fuente de financiación de “Madrid y Trece de Mayo”. Posteriormente la señora solicitó un préstamo a CONFIAR para poder realizar el pago correspondiente, pero le fue negado “por mal hábito de pago” y por no cumplir las políticas de CONFIAR.

El caso concreto fue analizado en torno a que el Estado cuenta con programas dirigidos a que los colombianos adquieran Vivienda de Interés Social, exclusivamente para personas en condiciones de debilidad manifiesta. Los programas pueden ejecutarse gracias a que cuentan con financiamiento vía subsidio otorgado por diferentes entidades. Adicionalmente, la persona que sea seleccionada como beneficiaria, debe aportar unos recursos complementarios, bien sea a través de un crédito, un aporte económico o ahorro programado. Con la finalidad que los hogares puedan adquirir un crédito, la oferta de servicios se ha ampliado a las cooperativas financieras que se encargan de atender a las personas que por sus condiciones económicas, no tienen acceso al sistema financiero tradicional.

El caso de la señora Gaitan Parrado no es el primero al que la Corte Constitucional se pronuncia, según se puede apreciar en Pulzo. También la sentencia T-268 de 2008, analiza el caso en el que una señora  desplazada por la violencia y madre cabeza de familia radicó una acción de tutela contra el Banco Agrario, ya que éste no le giró el valor de un crédito hipotecario que previamente le había aprobado, por considerar que tenía un reporte negativo en la CIFIN. La Corte Constitucional también cito la sentencia T-185 de 2012, donde el mismo Banco tampoco procedió a girar el valor de un crédito, por una anotación en una central de riesgo, sin haber tenido en cuenta que la señora había portado el paz y salvo de la obligación. Es este ultimo caso, el Alto Tribunal consideró que el Banco había violado derechos fundamentales de la demandante.

La Corte Constitucional indica que negar este tipo de créditos vulnera los siguientes derechos:

1. Derecho a la igualdad.

2. Derecho a la personalidad jurídica.

3. Infracción del deber de solidaridad.

4. Violación del mandato de democratización del crédito.

5. Violación a la obligación de garantizar los derechos de las personas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad.

6. Vulneración al derecho a la vivienda digna.

En la misma sentencia de tutela, la Corte Constitucional indicó que la Cooperativa no le entregó a Luz Omaira una justificación clara, siendo que la Carta Política de 1991 la obliga a contribuir, participar y ayudar a solucionar las problemas de personas con necesidad manifiesta. Adicionalmente, la naturaleza jurídica de una Cooperativa es promover que las personas de escasos recursos, como la señora Gaitán Parrado, pueda acceder a créditos, máxime cuando es una señora cabeza de familia, con menores de edad y de escasos recursos.

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El Alto Tribunal concluye aseverando que la imposibilidad por parte de Luz Omaira Gaitán de poder acceder a un crédito para pagar los 6 millones de pesos que debe contribuir, le cierra las puertas al subsidio de vivienda de interés social y, en consecuencia, vulnera su derecho a la vivienda digna.

En este enlace podrá conocer el texto completo de la sentencia de tutela de la Corte Constitucional.

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Daniel Rodríguez Poveda
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Abogado Magíster en administración de empresas. Profesor universitario y pionero en transformación digital para el crecimiento económico y social de Colombia, reconocido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.