El requerimiento fue hecho por la Procuraduría General de la Nación, la cual solicitó que se mantenga el descuento del 10 % en los costos de la matricula para los estudiantes que ejerzan su derecho al voto en las próximas elecciones.
Dicha petición fue llevada a la Corte Constitucional, con el objetivo de desestimular la conducta abstencionista, además de motivar el voto universitario.
La Procuraduría apeló a la Sentencia C-337 de 1997, que sostiene que el voto es un derecho y un deber por lo que debe ser estimulado.
“Si el voto de los ciudadanos es necesario para legitimar la democracia, el legislador no solo puede sino que debe estimular el voto, claro está, sin vulnerar los principios constitucionales”, sostiene el concepto.
En caso de que la solicitud sea acatada, el descuento solo aplicaría para las universidades públicas.